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Las 5 de la PAH: una solución para desahucios como el de Lourdes

Un ejemplo de lucha vecinal y de solidaridad es lo que se está viviendo estos días en la ya conocida calle de Sagrera, 159 en apoyo de Lourdes, una mujer que se resiste a abandonar su hogar para dejarlo en manos de especuladores.

 Lourdes, como tantos ciudadanos y ciudadanas que conocieron la crisis de la burbuja inmobiliaria (este fin de semana se ha celebrado el décimo aniversario) perdió su casa en un procedimiento de ejecución hipotecaria. Su vivienda fue comprada por un particular con más de cuarenta empresas a su nombre y que se dedica a hacer negocio y especular con las viviendas de las personas. Pero Lourdes ha decidido luchar por su hogar y no va permitir que sus 3 hijos menores junto con su marido enfermo se queden en la calle.

No está sola. Cientos de activistas la acompañan desde hace 5 días haciendo turnos durante las 24 horas. Personas que con su actitud y presencia denuncian que en nuestro país se sigue considerando la vivienda como una mercancía para obtener beneficios y que reclaman que sea un derecho básico, un derecho fundamental para el desarrollo de los proyectos de vida de ciudadanos y ciudadanas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconocen este derecho.

Precisamente este martes 18 se debate en el Congreso la Proposición de Ley de emergencia habitacional y pobreza energética, llevada a la Cámara Baja por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y que defenderá el Grupo Confederal (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea). Esta ley, como puso de manifiesto nuestra portavoz en el Congreso Lucía Martín, es "mérito de la organización ciudadana", es mérito del movimiento popular que ha parado desahucios, como en el caso de Lourdes, realojado o presionado para conseguir soluciones para las familias.

El Grupo Confederal en el Congreso es conocedor de que la emergencia habitacional sigue azotando la sociedad española y para ello propone:

  1. Medidas contra los desahucios de personas que se encuentran en situación de exclusión residencial, garantizando el derecho a la vivienda. La obligación de bancos y grandes tenedores de viviendas de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio, así como de ayudas para pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor, y la obligatoriedad de la Administración Pública de ofrecer realojos incluso en casos de ocupación.
  1. Fomentar las viviendas sociales, mediante la movilización de la vivienda vacía en aquellas áreas de demanda acreditada, con un régimen de alquiler que deberá fijarse en función de los ingresos de la unidad familiar. Así como políticas destinadas a incrementar el parque público de viviendas sociales.
  1. Como la nueva burbuja inmobiliaria vendrá por el problema actual del alquiler, fruto de las políticas del PP en materia de arrendamientos, se propone garantizar un alquiler asequible con una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos dotando de una mayor seguridad y estabilidad a los contratos de alquiler, y estableciendo un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población.

El jueves por la mañana, el marido de Lourdes abrió la puerta de su casa sin saber que con ello abría también la puerta para su desalojo. La comitiva judicial, le dejó en la calle, solo, sin nada más que su medicación, y sentado en un banco. Acababa de ser desahuciado de su casa, sin alternativa habitacional. Estas situaciones son absolutamente injustas e inhumanas. Por esto, desde los movimientos sociales y desde las instituciones visibilizaremos estas situaciones y lucharemos para que no vuelvan a suceder.

Suerte Lourdes, ¡tienes todo nuestro apoyo!

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