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El derecho al trabajo frente a la falsa economía colaborativa: la huelga del taxi de Barcelona

La «uberización» de la economía amenaza con construir ciudades y sociedades sin derechos. El derecho a la ciudad, como un espacio para convivir, trabajar y construir bienestar, está hoy amenazado por las nuevas plataformas de economía colaborativa que ven en estos espacios comunes una oportunidad para extraer riqueza.

Barcelona es un claro ejemplo de ello. El gobierno de Ada Colau en Barcelona ha sido, a través de un reglamento establecido en febrero que limita las licencias de VTC (vehículos turismos con conductor) a 1 por cada 30 licencias de taxi y que opera en toda el área metropolitana, el primer gobierno municipal en intentar poner coto a empresas como Uber y Cabify. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una institución adscrita al Ministerio de Economía, encargada de salvaguardar los principios neoliberales del Mercado Único de la UE, interpuso un recurso contencioso administrativo contra tal reglamento. Hace unos días el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió el reglamento de Colau argumentando que invadía competencias del gobierno central.

La sentencia activó una protesta espontánea del sector del taxi de Barcelona que se convirtió en una huelga indefinida que se ha expandido a distintas ciudades de España. Hoy, la huelga de los trabajadores del taxi, que han podido arrancar al gobierno un compromiso de delegación de competencias de regulación de licencias de VTC para aquellas comunidades y ayuntamientos que así lo soliciten (a refrendar en forma de decreto ley en Septiembre), es sobre todo una batalla por el derecho a construir ciudades y sociedades del empleo y del bienestar y no ciudades para los fondos buitre.

Y es que las empresas de la economía colaborativa no son en realidad pequeñas empresas de internet que han surgido de la espontaneidad y el espíritu colaborativo de jóvenes e idealistas emprendedores. Uber es un gigante presente en más de 600 ciudades valorado en aproximadamente 70.000 millones de dólares y financiada por fondos de inversión como Blackrock y bancos como Goldman Sachs, que tributa en Holanda (para beneficiarse de los paraísos fiscales holandeses). Cabify tiene también grandes inversores como el Fondo Seaya, fundado y dirigido por la hija del Presidente del BBVA, Beatriz González, o Rakuten y su sede fiscal está en Delaware (un estado estadounidense considerado paraíso fiscal para empresas).

¿Qué implica todo este poder financiero? Que tienen capacidad para sostener una ofensiva sobre el sector del taxi en España hasta quebrar la viabilidad del sector y hacerse con él creando un monopolio (u oligopolio). Con un modelo de negocio basado en falsos autónomos y utilizando mecanismos de ingeniería fiscal para evitar pagar impuestos constituyen una competencia plenamente desleal al sector del taxi y otros sectores. Este modelo viene derivado de los diferentes acuerdos comerciales internacionales firmados en la actualidad como el CETA, así como del modelo de libre mercado de la UE.

Otro ejemplo de este modelo se observa en el sector de la vivienda. En cuatro años, ha subido un 27% el precio del alquiler en la ciudad. La nueva reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos del 2013 de Rajoy, que acortaba la duración de los contratos (de cinco a tres años) y permitía desvincular la subida de precios del IPC ha sido aprovechada por fondos de inversión y otros poderosos agentes para empezar una ofensiva alcista de los precios.

El «sindicato de inquilinos» de la ciudad, detectó más de 3.000 pisos en alquiler en manos de diez fondos de inversión en la ciudad. Un elemento clave de esta burbuja del alquiler han sido las plataformas de economía colaborativa, como AirBnB, que brindan la oportunidad de convertir viviendas regulares en pisos turísticos. El último recuento oficial habla de 6.000 viviendas convertidas en alojamientos turísticos ilegales. Barcelona sufre, según la «Plataforma de Afectados por la Hipoteca», más de 4.000 desahucios al año, el 84% por imposibilidad de pagar el alquiler. Una expulsión cuotidiana de la ciudad, acrecentada por la precariedad laboral y las aun presentes consecuencias de la crisis económica.

Podemos ver las consecuencias de la economía colaborativa en muchas de las calles de la ciudad, donde los «riders», montados en sus bicicletas y con cajas plenamente identificables (de Deliveroo, Glovo, Uber eats, Just Eat, etc.) hacen sus servicios de reparto. Los «riders» no son, al menos hasta las últimas sentencias laborales, considerados trabajadores de ninguna empresa. No lo son, a pesar de que sea la “app” de la empresa quien les ordena el trabajo. Son lo que conocemos como «falsos autónomos»: trabajadores sin derechos laborales reconocidos. Los auto-empleados de la nueva economía colaborativa, alimentada por las grandes tasas de desempleo juvenil, están fuera del Estado social europeo, sin ser reconocidos como trabajadores, sin derecho a prestación por desempleo, sin derecho a bajas laborales o de paternidad, etc. Se estima que en España hay ya más de 335.000 falsos autónomos entre las empresas de economía colaborativa y las empresas que externalizan (a falsas cooperativas u otras empresas conformadas por autónomos) partes de su actividad productiva.

Defender hoy, en la UE neoliberal, los servicios públicos, los empleos de calidad, el pago de impuestos por parte de los que más ganan y, sobre todo, la capacidad de los gobiernos de poner coto a las grandes empresas transnacionales, es defender la posibilidad misma de construir una Europa civilizada, es defender la soberanía necesaria para preservar los derechos sociales y laborales que una vez fueron pilares de la Europa del bienestar.
La lucha de los trabajadores del taxi en Barcelona y en España es hoy la lucha de los europeos por preservar y recuperar derechos ante la ofensiva neoliberal en la UE. Las luchas por el derecho al trabajo y a la ciudad son también luchas por la soberanía popular: frente al mantra de que no hay más proyecto que la eterna desposesión neoliberal, la huelga del taxi es la evidencia de la posibilidad de que la gente común puede decidir su destino, sin perder la iniciativa y conservando el poder de marcar cuando y como se cambian las reglas del juego; la evidencia misma de la posibilidad de recuperar soberanía y de construir derechos.

Secretaría de Acción Institucional y Discurso, y Secretaría de Economía y Trabajos de Podem Catalunya.

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